La llamada batalla cultural consiste en la prédica constante de principios y valores propios de una sociedad libre, donde el individuo, como tal, posee derechos sagrados a la vida, la libertad y la propiedad. Podría agregarse mucho más sobre este concepto, pero, en esencia, la pretensión es una sola y unívoca: si una persona no es respetada en su derecho a decidir sobre lo que considera mejor para sí misma -sin dañar a otros-, inevitablemente otros terminarán decidiendo por ella. Y la historia demuestra que así ocurre siempre.

En el caso de Paraguay, resulta interesante observar que se han logrado avances que otros países recién ahora comienzan a discutir o implementar. Temas como el déficit fiscal y la inflación han ido calando hondo, de una u otra manera, entre nuestros dirigentes políticos, al punto de que hoy muy pocos se animarían abiertamente a impulsar políticas que promuevan un aumento del gasto público sin ingresos genuinos que lo respalden. Por supuesto, esto no implica quedarnos de brazos cruzados.

Por el contrario, debemos permanecer permanentemente atentos frente a cualquier embestida populista. En este sentido, resulta especialmente relevante advertir sobre propuestas -como las que surgieron recientemente- orientadas a subir impuestos o a tolerar niveles de inflación superiores a un dígito, logro que Paraguay ha conseguido sostener en los últimos años. La Ley de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, es una herramienta valiosa, aunque podría fortalecerse aún más si incorporara explícitamente el principio de déficit cero.

Después de todo, ¿por qué debería autorizarse al gobernante de turno a gastar más de lo que recauda? Sabemos, fuera de toda duda razonable, que esta práctica conduce a la expansión del sector estatal, con consecuencias directas sobre los salarios de los trabajadores y las ganancias del sector empresarial.

El hecho de que cada vez más ciudadanos se interesen y discutan sobre el déficit fiscal o la inflación es, sin dudas, un resultado concreto de la batalla cultural en favor de la libertad. Una tarea fascinante, aunque muchas veces fatigosa.

Como vengo sosteniendo desde hace tiempo, el déficit fiscal y la inflación no son meros problemas de caja o de gestión financiera; son, ante todo, problemas de orden moral. Nadie debería disponer, sin consentimiento, de lo mucho o poco que cada individuo posee para destinarlo a los fines del administrador circunstancial del Estado. Por ello, celebro que el gobierno actual tome en cuenta esta cuestión e intente retornar, cuanto antes, a lo establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.