La Administración Nacional de Electricidad (Ande) anunció que cerró noviembre con un resultado que trasciende lo operativo y refleja una mejora estructural en la productividad de la red: la sustitución de 792 kilómetros de conductores desnudos por conductores protegidos, superando en 109% la meta anual de 730 kilómetros prevista para 2025.
Desde una perspectiva económica, este avance constituye un caso concreto de inversión pública con retorno directo en eficiencia del sistema, financiado mediante licitaciones internacionales -1551, 1749 y 1788- por un total cercano a G. 333.000 millones. Más que un gasto, se trata de una intervención que reduce costos futuros, menos interrupciones, menos mantenimiento, menos pérdidas operativas y mayor disponibilidad del servicio.
El beneficio estimado para 395.000 usuarios es solo la primera capa del impacto. La migración a conductores protegidos genera externalidades económicas relevantes como una reducción superior al 50 % en cortes durante tormentas, lo que implica continuidad en actividades productivas y menor pérdida de horas/hombre; disminución de hasta 70 % en trabajos de poda, reduciendo costos municipales y operativos, además de preservar áreas verdes urbanas y una mayor confiabilidad del suministro, factor clave para industrias, comercios y servicios que dependen de estabilidad energética para operar.
En términos macro, estas mejoras fortalecen la resiliencia del sistema eléctrico, variable crítica para un país cuya demanda energética sigue creciendo y cuya competitividad depende de un suministro estable, moderno y con estándares de calidad regional e internacional.
Este cumplimiento anticipado muestra ejecución eficiente, una correcta alineación entre planificación, inversión y, por supuesto, metas estratégicas. La Ande avanza hacia un modelo de red más robusta, con menor exposición a eventos climáticos y una estructura capaz de acompañar la expansión económica del país.
De esta manera la Administración anticipa que continuará reemplazando infraestructura obsoleta e incorporando tecnología de nueva generación.
En términos económicos, esto redunda en mayor seguridad energética y un país mejor preparado para sostener crecimiento, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida de los hogares.