“Esta medida responde al firme compromiso de llevar adelante un gobierno ordenado y responsable. Con el fin de ordenar las finanzas públicas y reactivar sectores claves para nuestra economía y el bienestar de los paraguayos, envié al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas”, aseguró el presidente Santiago Peña.

El presidente enfatizó que su gobierno prioriza el bienestar de las personas, poniendo en orden las finanzas públicas, por eso ante las múltiples deudas heredadas de la administración anterior, mayoritariamente con los sectores de la construcción y la salud, estoy enviando un proyecto de ley al Congreso para la reactivación de dichos compromisos, aseveró.

Con ello, el Ejecutivo prevé dar solución a sectores que han sido fuertemente golpeados por el incumplimiento de compromisos por parte del Estado, generando pérdidas de empleo en sectores vulnerables, así como el desabastecimiento de medicamentos para la gente que más lo necesita.

“Esta medida responde al firme compromiso de llevar adelante un gobierno ordenado y responsable. Con soluciones pensadas en el bienestar de todos los paraguayos para lograr siempre, sin retrasos el país que todos queremos”, sentenció.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Fernández, detalló que el proyecto de ley presentado busca autorizar de forma excepcional la colocación de bonos y aprobación de créditos para saldar en gran parte la deuda del periodo anterior.

Recordó que los pagos no podrán provenir de los ingresos tributarios, que están comprometidos en un 88% para el Presupuesto General de la Nación del año próximo (PGN 2024).

Es por ello que el nuevo proyecto de ley apunta a autorizar la colocación de bonos en el mercado local e internacional y el acceso a créditos. Estas medidas serán unidas a lo dispuesto en el proyecto del PGN 2024 como medidas de financiamiento, dijo Fernández en conferencia de prensa virtual.

El ministro indicó que las deudas totalizan alrededor de USD 600 millones, siendo los principales sectores afectados las constructoras y proveedoras de medicamentos e insumos. Afirmó que esta falta de pagos ha generado una retracción en el sector de la construcción e impacta a nivel macroecónomico y social.

Por ello, para este año 2023 se solicitará al Congreso ampliar el tope del déficit fiscal al 4,1% del PIB. El objetivo es amortizar la mayor cantidad de deudas posibles hasta febrero del año que viene, dijo.

Fernández expresó que los números del déficit fiscal del Gobierno anterior no eran razonables al no contabilizar estas deudas. Recalcó que las medidas solicitadas al Congreso no se tratan de un nuevo endeudamiento, sino de incorporar las deudas ya existentes del anterior periodo para su pago.

El proyecto también incluye medidas que permitirán aumentar los ingresos de manera marginal, señaló el ministro. Uno de estas es que los recursos de royalties para las municipalidades que cambiaron de administración, y que no fueron rendidos cuentas, pasarán a disposición del Tesoro. Fernández dijo que no se trata de un monto elevado ni tampoco involucra a muchos municipios.

Otra medida para aumentar los recursos será que los montos de cargos vacantes a partir de la vigencia de la Ley serán redireccionados. El ministro dijo que muchas instituciones del Estado cuentan con cargos vacantes que nunca son llenados o ejecutados, que vienen por una cuestión histórica y que, básicamente, no son necesarios.

Por último, el proyecto dispone que el cobro de los préstamos concedidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para mipymes serán utilizados para la capitalización de la banca de segundo piso, lo que le permitirá tener mayores hombros para entregar más créditos y generar más empleos.