Jorge García Riart

Durante la pandemia, los gobiernos de América Latina hicieron un importante esfuerzo en transferir dinero a sectores de la población afectados por ejemplo por el cierre abrupto de frontera y comercios, incluso, más tarde, a personas para paliar los costosos gastos de salud.

Según estudios económicos del BID, las transferencias de dinero en la Región, para atenuar las consecuencias de las severas decisiones gubernamentales, alcanzaron en promedio el 8,5% del PIB (el análisis incluye a 33 países). Ello representa poco menos de la mitad del promedio de gasto que realizaron EE.UU., Japón o Europa (18,8%).

Precisamente, ciertas compensaciones o ayudas económicas en medio de una calamidad, algunas ya implementadas antes de la aparición del COVID-19 y otras nuevas o complementarias aplicadas por única vez, contribuyeron a detener por el momento una escalada de la pobreza.

Por su lado, CEPAL, en su informe Panorama Social 2020, estima que, en América Latina, el 49,4% de la población recibió ayudas debido a medidas relacionadas con la propagación del coronavirus. Por su parte, 18,5% de la población, en general la más vulnerable, se benefició con programas de trasferencias condicionadas (pp. 31-32).

En paralelo, las escuelas cerraron. UNESCO calcula que más de 165 millones de estudiantes de todos los niveles de todos los países de América Latina se quedaron sin formación formal presencial por bastante tiempo. Algunas aplicaciones de emergencia no fueron suficientes para frenar la deserción.

Además, este organismo multilateral supone que, en un próximo retorno masivo a clases presenciales, cerca de 3 millones de educandos latinoamericanos no volverán a sus instituciones educativas, probablemente a consecuencia del incremento de la pobreza.

Hasta ahora casi ningún gobierno asumió algún tipo de transferencia fiscal extraordinaria para afrontar las consecuencias del déficit educativo en pandemia: deserción escolar, bajo rendimiento de aprendizaje, desinterés en contenidos, escasa conectividad, entre otros indicadores.

CEPAL advierte que en la medida que decrezca el PIB de los países de la Región, el financiamiento de la educación quedará desprotegido y, en consecuencia, se exacerbarían las desigualdades en el acceso a la educación (p. 40). La disminución de la inversión en educación sería en promedio del 9%.

Si bien, los niños, las niñas y los adolescentes no son los más afectados por la enfermedad del COVID-19, son, sin embargo, las víctimas principales de esta crisis (p. 14) que pasarán a formar parte de una generación “catástrofe” (p. 23), según la publicación de CEPAL.

Quizás para contener el déficit educativo o mejor dicho para superarlo, no sea necesario asumir fuertes decisiones fiscales, sino apuntar a decisiones políticas que contribuyan a transformar el modelo pedagógico tradicional y la poca flexibilidad de calendarios y contenidos, implementados actualmente en las escuelas, como sugiere el informe de CEPAL 2020 (p. 40).